Documentos oficiales emitidos por las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc dan cuenta de una política “social” de los gobiernos locales: “retirar a personas en situación de calle”. En los “operativos” también participa la Secretaría de Seguridad Pública local y grupos privados de “rehabilitación”. Los levantones, se realizan “a petición de la ciudadanía”, justifican los oficios
Elva Mendoza
Hilario vive en la calle desde hace 17 años, cuando, apenas con seis de edad, su madre lo abandonó. Ni los aguaceros que llegan cada mitad de año ni las noches con temperaturas cercanas a los cero grados centígrados en invierno han sido lo más difícil.
––Lo más duro es el tiempo de hambre, el tiempo de “anexo”: cuando te llevan a la fuerza, cuando te humillan, cuando a nadie le interesas en el mundo –dice el joven desde la sede de El Caracol, AC, una organización no gubernamental de atención a las poblaciones callejeras.
Vive con miedo; a veces, con terror. Es uno de los “internos” sobrevivientes del Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción, Hospital Santo Tomás, Los Elegidos de Dios.
Fue levantado el 16 de mayo de 2009. Luego de pasar el día cuidando carros, llegó a la esquina de Artículo 123 y Humboldt del centro de la ciudad de México, al barrio, como él le llama, para descansar. Faltaban 15 minutos para las dos de la mañana cuando dos camionetas, acompañadas de la patrulla P2315, se detuvieron sobre la acera donde dormía. “Nos pusieron una trampa”, asegura el joven.
Esa madrugada, entre seis y siete sujetos altos, de complexión robusta, subieron contra su voluntad a seis jóvenes del Grupo de Juárez, comunidad de aproximadamente 25 jóvenes en situación de calle que pernocta sobre una banqueta de la calle Artículo 123, en el centro histórico.
A decir de Hilario, con lista en mano los sujetos buscaron por apodos o características físicas a quienes levantarían: personas que estaban señaladas con anterioridad para ser llevadas a realizar trabajos forzados. El perfil: hombres jóvenes, fuertes y que han tenido alguna participación con organizaciones no gubernamentales.
Limpieza social
Para Enrique Hernández, activista de El Caracol, se trata de uno de los casos de “limpieza social” que se llevan a cabo en la ciudad de México desde hace 10 años.
En 2007 un oficio emitido por la delegación Venustiano Carranza da cuenta de los operativos que ésa demarcación realizaba para retirar de la vía pública a personas en situación de calle, aunque, refiere el escrito, se realizaban “a petición de la ciudadanía”.
Nilo G Rodríguez Martínez, en su calidad de director ejecutivo Territorial Morelos, a través del oficio DETM/442/07, señaló: “Este órgano (…) realiza operativos para retirar a personas que se encuentran en situación de calle, a petición de la ciudadanía, quienes ingresan sus quejas y denuncias al Sistema de Demandas de Atención Ciudadana Cesac [Centro de Servicio y Atención Ciudadana] ya sea en el edificio delegacional o bien en esta dirección a mi cargo” (sic).
El documento fue dirigido Gerardo Sauri, exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México, AC, luego de que ante diversas denuncias de jóvenes y niños, solicitara información referente a las acciones que llevan a cabo las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc hacia poblaciones callejeras.
Una de las denuncias fue hecha por jóvenes y niños callejeros que pernoctan en el perímetro de la colonia Morelos, quienes denunciaron agresiones policíacas y acciones intimidatorias de funcionarios de la delegación Venustiano Carranza al pretender retirarlos “por dar mal aspecto a la vía pública”.
La delegación Cuauhtémoc, a través de un documento emitido por la Subdirección de Comunicación Social y fechado el 24 de febrero de 2010 afirma que, hace retiro de indigentes “a petición de la ciudadanía”.
El escrito –enviado a Contralínea por el titular de esa Subdirección, Alejandro Camacho Rosas– apunta: el Programa de atención a población en situación de calle de la demarcación “atiende demandas ciudadanas respecto al retiro de personas en situación de calle en aceras donde se ubican viviendas familiares, con el objetivo de evitar que se acumule basura o que pernocte más gente” (sic).
Para Silvia Solís San Vicente, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, las disposiciones de las autoridades se traducen en “acciones totalitarias que rayan en el autoritarismo y el fascismo”. Agrega que ninguna acción de ese tipo es legítima aunque se justifiquen con la leyenda “a petición de la ciudadanía”.
Ebrard, informado desde 2007
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, conoce de los operativos que las delegaciones realizan contra personas en situación de calle. Desde noviembre de 2007 diversas organizaciones le entregaron una carta en la que demandaron frenar las acciones de limpieza social. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna.
La Comisión de Derechos Humanos capitalina tomó el caso ese mismo año y en septiembre de 2009 emitió la Recomendación 23/2009. A través de nueve expedientes, documenta los abusos por parte de autoridades y cuerpos policíacos, privación arbitraria de la libertad, discriminación, conducción forzada a los llamados “anexos” y criminalización contra personas en situación de calle.
La recomendación señala que los operativos encabezados por autoridades de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación; a la libertad y seguridad personales; a la integridad personal, y a la niñez.
En entrevista con Contralínea, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada perredista Patricia Natividad Razo Vázquez, reconoce que la comisión a su cargo “no está haciendo nada” referente al tema de limpieza social, porque no es parte de sus funciones.
Niños y adolescentes en situación de calle, temerosos, cuentan que han sido “embodegados”, secuestrados, golpeados, e internados en “anexos” y lugares apartados en contra su voluntad.
––Yo pasé 10 días (en el anexo Los Elegidos de Dios); fueron un infierno. Debería llamarse los elegidos de la muerte; a eso íbamos nosotros, a terminar como muertos –dice Hilario al recordar que la asociación civil El Caracol lo sacara de ese encierro.
El joven padece daño cerebral debido a la falta de atención médica, las condiciones en las que vive y el uso de sustancias tóxicas. Habla con dificultad: “Era un secuestro; me agüitaba, sentía rabia, coraje”.
“Anexos”
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reconoció que luego del escándalo de Los Elegidos de Dios recibió más de 20 denuncias anónimas.
Ningún caso se investigó. “El gobierno de la ciudad no tiene ninguna posibilidad de intervenir. Hay un vacío jurídico: los anexos se articulan como redes, hay un porcentaje creciente vinculado al delito organizado y, al no tener supervisión, se convierten en cárceles privadas de alta seguridad”, explica Martín Pérez, activista de la Red por los Derechos de la Infancia.
En México, indica el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal 2008, el sistema de salud no incorpora el tratamiento de adicciones como enfermedad. En consecuencia la población pobre, tiene como única opción recurrir a los “anexos, espacios civiles de encierro forzado, malos tratos, uso extremo de violencia, atención sin profesionalización y sin regulación”.
El director de Educación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Luis Gutiérrez Espíndola, señala que los “anexos” funcionan como si prestaran servicios subrogados a las instituciones de gobierno. “Se permite la existencia de esas instituciones privadas, que son una coartada para cometer abusos de todo tipo”. Agrega que las adicciones de las poblaciones callejeras deben tratarse, “pero no de manera forzada”.
Víctimas liberadas del “anexo” Los Elegidos de Dios hablan de la existencia de clínicas de rehabilitación a las que eran trasladados en caso de intento de fuga o si se “portaban mal”. Toluca, San Luis Potosí y Zacatecas, son los más mencionados.
Jóvenes en situación de calle del corredor Congreso de la Unión, Canal del Norte, metros Morelos y Candelaria, fueron también levantados bajo la misma dinámica de operación: camionetas custodiadas por policías en la madrugada, sujetos con listas y traslados al Instituto de Rehabilitación Los Elegidos de Dios.
Cuando se le pregunta a Hilario su opinión sobre los comedores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, expresa:
––El gobierno dice que nos va a apoyar; pero cómo nos apoya: matándonos ellos mismos, llevándonos a un “anexo”, donde nos hacen agresivos y delincuentes. El gobierno se esconde en diferentes caras, poniendo comedores y mandándonos tirar lejos.
